Euskal Herria como nación ocupada padece todos aquellos problemas propios de una ocupación colonial del siglo XXI. De ellos destaca la desarticulación institucional y territorial provocada de esta situación de sumisión a dos Estados ajenos que utilizan la división del sujeto político vasco y del territorio de Euskal Herria como dos de sus mejores armas para la asimilación de nuestro pueblo.
Sería difícil asegurar que el Estado navarro tenía como voluntad consciente la agrupación territorial y política de todo el pueblo vasco bajo un mismo Estado. Es posible que los acontecimientos en la época se vivieran de otra forma. Sin embargo, es lícito desde el análisis histórico, afirmar que el Estado navarro fue la expresión política principal del pueblo vasco durante todo el medioevo. Y si bien se nos escapa poder afirmar con rotundidad que la corona navarra era un instrumento para la preservación de la integridad territorial del nicho histórico del pueblo vasco, si podemos afirmar que los Estados que atacaron y se repartieron el Estado navarro actuaron conscientemente desde 1180 para dividir al pueblo vasco en diferentes marcos institucionales y legales.
Así, con el desmembramiento de las provincias occidentales del Estado navarro y el vacío de poder creado, la corona castellana hábilmente se apoya en parte de las fuerzas socioeconómicas del país para reformular unos órganos jurídicos de origen autóctono y soberano en unos órganos intermedios entre el Estado y las instituciones locales y gentilicias que con el tiempo se denominaron Diputaciones forales.
Los Biltzarres comarcales y cuadrillas alavesas se agruparon en tres juntas “provinciales” las cuales, con la bendición de la corona castellana, se apropiaron del monopolio de la violencia legal.
Seguramente buena parte de la población cansada de interminables siglos de guerras y de la violencia de los “Ahaide Nagusiak” acogió de buen grado un periodo de mayor paz y seguridad para el tránsito. Pero también, la articulación del entramado institucional de las juntas, fue el principio de una política de asimilación de las formas propias de organizarse que tenía el pueblo vasco a la vez que cedía la soberanía de rango estatal a la corona castellana.
En la actual Nafarroa, el proceso fue algo diferente, pero el resultado similar porque el resto del reino vascón con la Ley Paccionada pasaba también a ser provincia.
La juntas forales de Hegoalde, en el periodo que va desde el fin del medioevo a la abolición foral de 1876, representa un entramado institucional intermedio que evitaba la configuración de un escalón superior, la estatalidad para las “republicas vascas” (tal como se autodenominaban).
La abolición foral del 1876 es la versión tosca del jacobinismo francés, el mismo que abolió en 1791 en regimen foral de Iparralde.
Si ya la rebaja de un regimen plenamente soberano y autóctono a un régimen foral había sido un episodio fuerte de asimilación acentuada en el siglo XVI, la abolición foral se vivió como una auténtica tragedia.
Debido a wque para entonces ya recorría Europa la nueva ideología revolucionaria de los nacionalismos de los pueblos sujetos a los Imperios Centrales y porque el fin del regimen foral vino acompañado del el fin de las formas de producción social y económica del mundo campesino.
Reforma del regimen franquita y LTH
Al final del franquismo Euskal Herria estaba en situación crítica. El movimiento abertzale no pudo acordar una estratégica única y el sector abertzale que aceptó la reforma la acató con talantes bien diferentes. De lo confuso de la situación, también nació un entramado institucional confuso.
De las dos referencias posibles que entonces se entendieron lamentablemente como antagónicas: autodeterminación o derechos históricos, el PNV optó por la segunda.
Es cierto que parte del PNV consideró que reivindicar los derechos históricos era reivindicar derechos preconstitucionales, que por lo tanto no debieran tener límite por arriba e incluso se pudiera reivindicar la soberanía plena. Pero, otra parte, la que lideró Arzallus, haciendo una lectura histórica incorrecta de los derechos históricos, lectura recibida de un carlismo mal reciclado del que muchos de ellos provenían, llevó a una confrontación entre el Gobierno Vasco y las Diputaciones.
El Gobierno de Gasteiz que empezaba a funcionar en parámetros ideológicos más modernos propios de una acción política dirigida al avance hacia la creación de un Estado-Nación chocó con la concepción tradicionalista que quería mantener a toda costa a las diputaciones como base del entramado institucional. Un tipo de entramado que acentuaba aun más la división territorial de Euskal Herria (ya inasumible para muchos por la no incorporación de todo Hegoalde a un mismo proyecto) y que además presentaba un país divido en “reinos de taifas” frente a la acción aniquiladora del nacionalismo español.
Un país divido en tres administraciones que a su vez una de ellas se subdividía en tres administraciones con semi-parlamentos con poder legislativo, recaudatorio y ejecutivo, hacía incoherente la acción por la construcción nacional y social.
No es de extrañar en absoluto que la LTH fuera uno de los detonantes de la última gran escisión del PNV.
Las Diputaciones hoy
Las diputaciones de Hegoalde son la entidad recaudatoria por excelencia. Gestiona los impuestos principales: IVA, el de La Renta y Patrimonio, Transmisiones patrimoniales, el de Sociedades, dejando a los ayuntamientos la recaudación de los de menor entidad como el de Bienes Inmuebles y Vehículos. Lo que provoca que las municipalidades dependan de la asignación que las diputaciones, que en el caso mas acusado aun de Navarra, hace un reparto por afinidades políticas que esta ahogando en norte de todo el herrialde.
Por ley, las diputaciones de Araba, Gipuzkoa y Bizkaia entregan una parte al arca común del Gobierno de Lakua y las instituciones de Hegoalde deben entregar un tributo de sumisión, al que denominan Cupo. Y nos atrevemos a denominarlo cupo, porque la negociación inexistente sobre este tema y el monto a pagar, así como el destino de los fondos, coinciden con la manera de gestionar el pago de un tributo por ocupación de cualquier potencia colonial.
Pero volviendo al tema de los fondos públicos que se hace desde las diputaciones. Una de las cuestiones que más sorprende, es que siendo las entidades con mayor capacidad recaudatoria, son las menos conocidas por la ciudadanía tanto en su funcionamiento como en su gestión. La Juntas Generales y Diputaciones se han prestado en múltiples ocasiones (casi cotidianamente en algunos departamentos) para hacer todo tipo de contraprestaciones y amiguismos de la clase política. La mayor opacidad y la menor repercusión pública de sus cargos y actuaciones, es más favorable a que formas improcedentes de designación de cargos y subvenciones queden ocultas.
La diputaciones en sus competencias exclusivas son las instituciones que mas ferozmente han impuesto el modelo neoliberal. Son la diputaciones, las que han defienden el actual modelo de gestión energética, de residuos, de infraestructuras…siendo estas últimas el principal reducto del trafico de influencias, de los presupuestos desorbitados y de las adjudicaciones a dedo.
Mientras, muchos ayuntamientos se ven obligados a endeudarse para cubrir campos de la asistencia social que las diputaciones han dejado de atender o han cedido a entidades privadas subvencionadas, otro nuevo coladero del amiguismo político.
Incluso la diferencia se nota en lo mismos partidos que han estado en el Gobierno de Gasteiz que atiende algunas de los aspectos de mayor importancia social como la sanidad y la educación, donde suelen tener una mayor impronta social, que sus correligionarios instalados en la diputaciones.
En resumen, la foto actual de las diputaciones en todo Hegoalde , es la foto de las instituciones que debiendo atender buena parte de las necesidades sociales de la población ha optado por ser la vanguardia del sistema neoliberal y de las practicas de enchufismo político menos conocido.
La recomposición institucional de Euskal Herria, la transformación social y la articulación de instituciones de carácter nacional, pasa por la reforma radical de las Juntas Generales y Diputaciones , en un proceso de cesión de competencias, gestión y fondos hacia las entidades municipales, asociaciones sin animo de lucro que refuercen la autogestión popular ( formas de auzolan) e instituciones nacionales.
Udalbiltza
En el periodo de año y medio que duró la estrategia unitaria abertzale nació, recupera la Asamblea de Municipios creada durante la 2ª República española, una institución municipalista con representatividad en todo el territorio, Udalbiltza.
Udalbiltza mientras funcionó unitariamente no solo fue un referente público para todos los abertzales y progresistas de Euskal Herria y la diáspora, fue también el ensayo de un nuevo entramado institucional en que hubiera dos pisos principales: El nacional y el municipal (o comarcal, el biltzar)
Con los fondos procedentes de los ayuntamientos y las diputaciones Udalbiltza empezó a gestionar proyectos novedosos que aceleraron la transformación política que se estaba dando en el país.
Poco duró, ETA reventó el cambio, pero el PNV y el propio Pello Gonzalez , portavoz de EA , a la sazón, y actual destacado miembro de Hamaika bat, en Udalbiltza fue el primero que exigió expulsar a Batasuna de Udalbitza asumiendo la tesis garzoniana de que “todo es ETA”.
Lo siguiente, ya lo conocemos. La Udalbiltza de la Izquierda Abertzale Tradicional, mientras tuvo fondos, administrada para sus propios proyectos. Posteriormente fue ilegalizada y encarcelada; Udalbide, convertida en una ONG para organismos afines a los jelkides.
En este momento EUDEL (cantera de futuros presidenciables como Jokin Bildarraz) ha quitado todo el protagonismo a Udalbitza, incluso a Udalbide. EUDEL, asociación de municipios de solo Araba, Gipuzkoa y Bizkaia, donde colaboran principalmente y desde hace tiempo PSOE y PNV, es el aliado de las políticas neoliberales de las diputaciones y el puente para el acuerdo estratégico de fondo PSOE-PNV para la Contrarreforma del estatutismo.
Recuperar Udabiltza es uno de los objetivos principales para poder regenerar la práctica política soberanista y un lugar donde se pueden hacer proyectos que superen la división territorial provocada por los Estados español y francés y asumida y disfrutada por la dirección del PNV.
Euskal Herria el Estado vasco
Como comentábamos más arriba, pudiera ser discutible para alguno/as afirmar que el Estado navarro era el Estado vasco. Lo que parece fuera de toda discusión dentro de quienes nos consideramos independentistas, es que es una aspiración lógica intentar que toda Euskal Herria forme parte de un mismo sistema jurídico político con rango de Estado en Europa. Esto es, tanto si el Estado navarro fue la expresión institucional máxima del pueblo vasco, como si no, la expresión institucional máxima del Pueblo Vasco del siglo XXI sea una república en Europa.
No hay posibilidad de llegar a la integridad territorial de los siete territorios más que de formas democráticas, y no solo las formas clásicas de alcanzar la unidad política del sujeto nacional vasco son las únicas a trabajar.
Por encima de la integridad territorial clásica, está la necesidad de articular políticamente en un solo sujeto político a toda la población vasca independientemente de donde viva, en el nicho geográfico histórico o en la diáspora.
Una republica soberana vasca, sin aduanas con sus vecinos, sin moneda propia y sin ejército, es un Estado moderno de la Europa en (de)construcción . En este contexto, es posible aspirar a una Republica Vasca independiente que legisle sobre toda la población (personas) con nacionalidad euskaldun aunque el individuo esté fuera o en una parte del país donde la mayoría social es de signo contrario y que su territorio (momentáneamente si se hace bien) no esté bajo jurisdicción nacional vasca.
Esto es, en un proceso dinámico de liberación nacional y social hay vías para articular al sujeto sociocultural y político vasco bajo un mismo y único sistema jurídico -político soberanos (estado del siglo XXI), aunque solo sea parte del territorio el que esté bajo jurisdicción administrativa vasca.
Porque el marco y el tiempo en el que vivimos no precisa de guerras, batallas en defensa de la bandera y de la patria, necesita de una sociedad activa comprometida con su ser colectivo y un administración soberana propia que en lugar de gastar los fondos públicos en militares, pompas y otros nuevos iconos de prestigio internacional, utilice sus fondos para garantizar derechos, servicios asistenciales, servicios culturales, desarrollo y bienestar humano y para preservar nuestra identidad nacional en este mundo cada vez más complejo.
Solo contemplamos la necesidad de dos niveles institucionales principales: el nacional y el local-comarcal. Si somos fieles a nuestro modelo histórico de democracia horizontal (sea un mito o no, nos da igual), ese modelo que nos arrebataron por las armas los Estados español y francés, un modelo que han abandonado muchos de nuestros dirigentes actuales y la elite política y económica, tenemos que trabajar por una Euskal Herria independiente, estructurada institucionalmente con un gobierno y una parlamentario republicano y nacional y unos biltzar (ayuntamientos-mancomunidades) participativos que tengan mayor competencia y puedan ejercer el derecho de sufragio vinculante, tal como ocurre, en parte, en el modelo cantonal suizo, un modelo que se acerca más a nuestra tradición y a nuestra forma de ser que los neocentralismos importados del jacobinismo.
Patxi Azparren Olaizola
Ezker Soberanista Eraikitzen
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